La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), seccional Atlántico, manifestó este martes su respaldo a la ponencia de archivo de la Reforma Laboral en el Senado de la República.

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La entidad gremial aseguró que este proyecto de ley, liderado por el Gobierno nacional, provocaría “efectos adversos para el empleo y la productividad”.

“La ponencia de archivo expone de manera clara y fundamentada las razones por las cuales esta reforma no resuelve problemáticas estructurales como el desempleo, la informalidad y los altos costos laborales”, dijo Acopi Atlántico.

Señaló, además, que el proyecto “desconoce principios constitucionales fundamentales, como el mandato del artículo 53 de la Constitución, y afecta el derecho a la libre empresa, consagrado en los artículos 333 y 334”.

Entre las preocupaciones del gremio se resaltó la disminución de empleos, la falta de concertación, un trámite legislativo inadecuado, el impacto negativo en sectores clave, la falta de aval fiscal y la implementación de medidas contraproducentes.

“La reforma podría poner en riesgo más de 450.000 empleos formales, afectando especialmente a las MiPymes, que representan el 80% del empleo en el país. Además, no se ha garantizado un diálogo social tripartito efectivo, fundamental en cualquier proceso de reforma laboral”, anotó.

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Indicó que la ponencia de archivo argumenta con solidez que el proyecto debió tramitarse como Ley Estatutaria y no como Ley Ordinaria.

Por otra parte, expuso Acopi Atlántico que el incremento en los costos por recargos nocturnos, dominicales y festivos afectaría gravemente a sectores como comercio, alojamiento y servicios de comida, limitando la generación de empleo.

“La ausencia de un respaldo del Ministerio de Hacienda impide evaluar el impacto presupuestal de la reforma y su viabilidad dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, dijo.

Precisó también que aspectos como la eliminación del contrato sindical, el incremento de obligaciones en el contrato de aprendizaje y la imposición de cuotas obligatorias de contratación para poblaciones vulnerables, podrían promover la informalidad y el desempleo.